Jesús Garduño Salazar

SABRÉ SI EL SEÑOR SALINAS

En Justicia 27/08/2014 a las 06:30    
Jesús Garduño Salazar

Jesús Garduño Salazar

La asistencia y representación del acusado en materia penal, en nuestro sistema constitucional, no queda a su voluntad; sino que la ley la impone aun contra la intención del probable responsable o del acusado, como protección que la Constitución le brinda.

En los demás procesos es optativo para las personas hacerse o no representar o asesorar por un abogado. No hay la obligación de que exista el patrocinio o de haya la procuración.

La persona que tiene una controversia y llega a la conclusión de que la única manera para terminarla será con la intervención de la autoridad, lo que necesita es describir ante el gobernante los antecedentes de su pleito, para que el juzgador lo resuelva aplicando el derecho. Y ella no requiere cédula profesional para actuar en el procedimiento.

Sin embargo, también parece que el abogado es recomendable por la inexperiencia y pasión que nubla la razón del sujeto que vive un litigio (litigante), así como el trabajo que lo ocupa durante la mayor parte de su tiempo y por eso le impide que éste atienda su propia controversia. Pero que nadie olvide o pretenda ignorar que el problema ya perturbó la vida de quien tiene la controversia; y esta alteración surge antes de que el perturbado decida pedir el auxilio de un profesionista del derecho.

No todo licenciado en derecho es abogado, aunque todo abogado debe ser licenciado en derecho. No es dado confundir el título de licenciado en derecho, con la profesión de abogado. El título mencionado permite ejercer el servicio público como corredor, notario público, agente del ministerio público o juez, así como la profesión de abogado.

Abogado es quien ha obtenido el grado de licenciado en derecho y tiene el encargo de defender ante los Tribunales el honor, la vida, la libertad y la fortuna de sus clientes. Su misión consiste en aconsejar (patrono) o en representar (procurador). Y un honesto asesor, puede aconsejar el no participar en un juicio cuando la ley no está de su lado.

Al abogado patrono le corresponde aportar la pericia en el derecho para que la persona de la controversia la utilice en el proceso; a aquél nunca le está permitido actuar solo, siempre lo hará ante la presencia de la parte del pleito; y se limita a aconsejar a su cliente, a prepararle los escritos y a asistirlo en las audiencias. Y el cliente, pese al consejo de no iniciar o continuar un procedimiento judicial, puede decidir el hacerlo.

Al abogado procurador, que recibe un mandato judicial o un poder, le toca substituir en el proceso a la persona que es parte interesada en el litigio.

Mas no por tener abogado, sea procurador o patrono, quien contrató los servicios de éste forzosamente recibirá una sentencia a su gusto. Es posible que haya sido la causa del conflicto y que hasta la haya buscado intencionalmente para después apoyarse en el Licenciado en Derecho. Sin embargo éste, sea o no un dominador de la ciencia jurídica, carece del poder adecuado para cambiar el pasado; por lo que no variara la naturaleza del conflicto a la que el juzgador aplicará la ley. Es probable que usted tenga noticia del problema ocasionado por quien, pasado el tiempo y el juicio, ostenta un rostro de triunfo. Habría que investigar si es verdadera la versión o si niega su derrota. Son contados los que públicamente aceptan haber fracasado. Sin embargo también hay que reconocer que, ante el error del contrincante, una buena defensa puede lograr una sentencia favorable. Y es así que en el mundo de los juicios, si únicamente analizamos el rumor o comentarios, ni son verdad ni son mentiras hasta que personalmente conozcamos cada resolución o sentencia que tenga la característica de ser legalmente inimpugnable; porque hay resoluciones que, según la ley, pueden ser modificadas si son combatidas (impugnadas) y otras que ya son inmodificables en virtud de que se han vuelto incombatibles por disposición de la norma.

Tampoco lo veraz es que la sentencia te favorezca o sea desfavorable por el capricho del que la dicta; puesto que una resolución ilegal siempre puede ser atacada, para conseguir que sea modificada, si el interesado pone el cuidado para hacerlo en el tiempo que fija la legislación. Aunque no menos verdadero es que aún impugnada oportunamente, la sentencia dictada con apego al derecho seguramente no será variada.

Es demasiado sencillo culpar a los Licenciados en Derecho de un desagradable resultado procesal, señalando que no atendieron correctamente una causa por ignorancia o por descuido y hasta por haber recibido dadivas del contrario. Son contados los que públicamente aceptan haber sido parte de una causa injusta. Y por la misma razón es más fácil culpar al juzgador con señalamientos semejantes. Y es así que en el mundo de los juicios, si únicamente analizamos el rumor o comentarios, ni son verdad ni son mentiras hasta que personalmente conozcamos cada resolución o sentencia.

Yo respaldo la afirmación de que los Juzgadores Estatales carecen de superior jerárquico, ya que de nadie dependen y a nadie se subordinan cuando ejercen su función juzgadora. Ni los Magistrados dictan las sentencias buscando el beneplácito de la Legislatura que los nombró –además los Legisladores dejan de serlo y los Magistrados continúan-, ni los jueces oyen órdenes de los Magistrados que son sus superiores. Nada lograrían los que recibieran tales sentencias, ya que pueden ser corregidas por las Salas del Tribunal Superior de justicia que conocen de las resoluciones impugnadas, aunado a que las de éstas son combatibles a través de un juicio posterior de amparo. Todos estos juzgadores tuvieron en sus manos el pleito en fecha muy posterior al día en que, los que ahora se quejan, la crearon. Y los que juzgan carecen del poder adecuado para cambiar el pasado que trajo el doloroso presente; por lo que no variarán la naturaleza del conflicto al que, únicamente, aplicarán la ley.

Por todo ello coincido con quien dijo: “Aquí nadie está por encima de la ley, nadie incide en las decisiones judiciales y nadie dicta el destino de nuestras sentencias….la actividad jurisdiccional funciona horizontalmente, en lo cual, cada juez es titular del ejercicio judicial y….no hay superiores jerárquicos, la única subordinación que tienen los jueces, es a la Constitución y a la ley.”

Pero no le extrañe a usted que el señor Salinas, quien ha atribuido calidad de Presidente de la Corte –que no la tiene, según comente en la columna anterior- a Carlos Septien Olivares, acuda posteriormente a quejarse ante algún gremio de Abogados. Yo estimo que no es recomendable el hacerlo, en virtud de que el propósito esencial de dichos colegios es vigilar el correcto desempeño de los profesionistas exigiendo un actuar ético, para salvaguardar el buen nombre y prestigio de la profesión. Pero no es su misión el presionar, fuera del procedimiento jurisdiccional, para conseguir resoluciones hechas al modo del consumidor.

Y como ya recibí copias de algunas resoluciones que fueron notificadas al señor Salinas, próximamente sopesaremos si su juicio fue lícito o ilícito y si sus pretensiones eran o son acordes o si son opuestas al orden jurídico.

Yo si sabré si el señor Salinas tuvo razón en las descripciones que publicó en los medios electrónicos, para sus contactos, cuando comentó que Carlos cometió una injusticia. Si la sentencia fue indebida, no será la primera vez que la critiquen y la exhiba. Y usted decidirá si me cree.

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