Sergio Arturo Venegas Ramírez

Amado Yáñez Osuna y la cláusula de amparo

PLAZA DE ARMAS Actualizada 21/10/2014 a las 06:54    
SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ

SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ

  • Tuvo grandes apoyos internos en Banamex
  • Enrique González se mueve en el De Efe
  • El secretario de Marina visita Querétaro
  • DHL amplía operaciones en Querétaro

Amado Yáñez Osuna golpeó la línea de flotación en Banamex: El contrato se firmó en septiembre de 2012, 11 meses antes de que se pusieran en marcha los mecanismos con los cuales se concretó el fraude, revela la resolución del Juzgado 14 de Distrito en materia penal de la ciudad de México. FOTO: CÉSAR COLUNGA


Fichita: Sabino
Tranza.
A muchos nos resulta francamente inexplicable cómo la PGR salvó -por ahora- el pellejo del empresario Amado Yáñez Osuna y catafixió su responsabilidad en el fraude a Banamex y el daño a Pemex, por un personaje menor en el entramado de Oceanografía: Marín Díaz.
Pero el lodazal financiero, además de hacer caer importantes directivos de Banamex y hacer correr al señor Díaz, también tumbó la operación de compra venta de la empresa naviera al Grupo Alemán y, por ende, a TMM.
Y es que la desfachatez de don Amado, quedó de manifiesto en un impecable trabajo de La Jornada, publicado ayer por el reportero Gustavo Castillo García.
El texto señala que una sola cláusula en el contrato de factoraje fue suficiente para que Amado Yáñez Osuna, en su carácter de administrador único de Oceanografía, y como representantes de Banamex: Alfonso Gerardo Ortega Brehm, director de Productos de Crédito de la Banca Corporativa; Emilio Gonzalo Granja Gout, director gerente de la Unidad de Energía y Químicos, y Erik Cervantes Murillo, analista de negocios, defraudaran con 5 mil 312 millones de pesos al banco.
Éste es el trabajo completo que publicó La Jornada y que aporta importantes luces al caso, lo reproducimos aquí:
El contrato se firmó en septiembre de 2012, 11 meses antes de que se pusieran en marcha los mecanismos con los cuales se concretó el fraude, revela la resolución del juzgado 14 de distrito en materia penal de la ciudad de México, que sustenta las órdenes de aprehensión libradas contra los involucrados en ese delito, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR).
El juzgado estableció que el administrador único de Oceanografía y los funcionarios de Banamex cometieron delitos que “resultan ser graves”, porque dañaron “bienes de gran jerarquía tutelados por el Estado, como son la estabilidad y solidez del sistema financiero”.
El dictamen judicial –del cual, señala el reportero Castillo, La Jornada tiene copia– señala que con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, el fraude a Banamex fue un delito continuado, “ya que los hechos se desarrollaron entre septiembre de 2013 y hasta el 10 de febrero de 2014”, y en ese periodo se presentaron 166 estimaciones falsas y alteradas de los contratos que Oceanografía hizo con Pemex Exploración y Producción.
Para ello, la “empresa criminal” firmó un contrato del cual Emilio Gonzalo Granja Gout dijo a la PGR: “Supe que había sido realizado y revisado por el área legal, el área de producto también estaba conforme con el contenido, y como yo no soy abogado me pareció correcto, además de que consideré que con este contrato marco el banco iba a estar mejor protegido.”
El acuerdo se firmó el 21 de septiembre de 2012. Por Oceanografía, Amado Yáñez Osuna; por Banamex, Emilio Granja Gout y Alfonso Gerardo Ortega Brehm. Los recursos se depositaron en la cuenta 296633, abierta el 24 de noviembre de 2009 a nombre de Oceanografía; su manejo estaba a cargo de Leonardo Olavarrieta Tinoco, Alfredo Vicente Briceño Perera y Amado Yáñez Osuna.
En el contrato se pactó la cláusula 5.8, que a la letra señala: “En ningún momento Banamex tendrá la obligación o responsabilidad de determinar o comprobar que los documentos que evidencian los derechos de cobro son válidos y legalmente exigibles, ni si su texto es correcto, ni si las firmas originales que aparecen en dicho documento corresponden a los firmantes, ni si las partes que celebraron dichos documentos contaban al momento de su celebración con facultades suficientes para ello.”
Los indiciados aprovecharon su “relación con altos funcionarios de Banamex”, lograron que se celebrara el contrato regulador entre Oceanografía y el banco, y “los sujetos activos con calidad de funcionarios y empleados de la institución de crédito intervinieron directamente en la realización o autorización de operaciones, a sabiendas de que resultarían en quebranto o perjuicio al patrimonio de la citada institución de crédito”, consideró el juzgado interviniente.
Granja Gout, Ortega Brehm y Cervantes Murillo “ingresaron 166 documentos como estimaciones verdaderas de Pemex Exploración y Producción a sabiendas que son falsas y otras alteradas, y que al momento en el cual depositaban el 90 por ciento de cada estimación a la cuenta concentradora se realizaba un quebranto a la institución bancaria”.
La red delictiva operaba de la siguiente manera: Erik Cervantes Murillo (analista de negocios en la sucursal Banamex de Villahermosa, Tabasco) tenía asignada la “función de recibir la documentación de Oceanografía (relación de derechos de cobro en original y estimaciones de obra para la cesión en copia simple)”; su deber era acudir a la ventanilla única de Pemex a certificar que las estimaciones se encontraran en la base de datos de Pemex, y que el valor plasmado en cada documento fuera “el pagadero por Pemex Exploración y Producción en un futuro a dicha institución crediticia.
“Sin embargo, esa función no se realizaba, toda vez que entre la división de tareas de dicha empresa criminal, en la que se encontraban inmersos el personal de Banamex, le correspondía ser omiso en verificar la autenticidad del contenido de las estimaciones que le eran entregadas por Oceanografía”, concluyeron la PGR y el juzgado al librar la orden de aprehensión correspondiente.
Emilio Granja Gout tuvo un “papel preponderante en la generación de los hechos delictivos, ya que era el funcionario o ejecutivo responsable de la atención a Oceanografía”; él autorizaba las prórrogas de los plazos para el pago de las estimaciones de obra y tenía el contacto con Erik Cervantes Murillo.
“Esta persona cometió omisiones en la supervisión de la correcta operación de las estimaciones descontadas por Banamex de su cliente Oceanografía, que representaba para el banco operaciones millonarias que requerían, de acuerdo con los usos y prácticas bancarias, un seguimiento puntual y estricto de la formalidad de esas operaciones.
“Esto al amparo del apoyo que recibía de Alfonso Ortega Brehm, cuya función dentro del banco era supervisar las funciones de los directores para el éxito de los productos, entre los que se encuentra el denominado descuento de cartera, como es el caso de Oceanografía. Omitió cumplir con la Guía de Operación”, señala la resolución judicial.
El órgano jurisdiccional consideró que dado el gran poder económico de los integrantes de la “empresa criminal”, su internamiento no debía darse en una prisión de los estados de Tabasco, Campeche o Veracruz, ya que su delito generó “multimillonarias ganancias, recursos económicos con los cuales podrían cooptar a las autoridades penitenciarias del lugar de la comisión de los hechos”.
Además, que los inculpados “actuaron bajo las formas de participación característica desde una organización de tres o más personas, bajo las reglas de disciplina y jerarquía para cometer con fines predominantemente lucrativos los delitos”, indica el expediente judicial.
En ese contexto, el juzgado advirtió sobre la posibilidad de que “otras circunstancias” pudieran impedir el desarrollo del proceso judicial, ya que “al pertenecer a un núcleo de personas con amplio poder económico y político en dichas entidades federativas, que son el principal centro de negocios de Oceanografía”, para que pueda desahogarse el juicio “se requiere de un sistema de seguridad que pueda garantizar su integridad física”.
Sin embargo, sólo Amado Yáñez Osuna se encuentra sujeto a proceso penal, pero en libertad bajo fianza porque la acusación en su contra es por un delito no grave, pese a que el propio juzgado estimó que sí lo era, y por ese ilícito los involucrados alcanzaban penas que van de ocho a 15 años de prisión y multa de 250 mil a 350 mil días de salario mínimo, que equivalen a cantidades que van de 17 millones 500 mil pesos a 24 millones 500 mil pesos. Todo ello sin considerar la reparación del daño causado a Banamex que asciende a 5 mil 312 millones de pesos.
No olvidemos que gente cercana al señor Yáñez querrá jugar en el proceso electoral 2015 para poner gobernador.
Ojo.
-OÍDO EN EL 1810-
Se mueve.
Que ayer, el delegado de Infonavit, Enrique González González viajó a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios del Instituto y aprovechó su visita para hacer política por los rumbos de Bucareli y también de Violeta.
La quiere.
¡PREEEPAREN!-
Bien.
DHL inaugurará el próximo 30 de octubre la ampliación de su centro de operaciones en el Aeropuerto de Querétaro.
En 2010 tenían un área de 3 mil metros cuadrados que crecerá en dos semanas a 10 mil.
De ese tamaño es la confianza en lo que sucede en el estado, me dijo en entrevista el director Jurídico de la compañía, Manuel Montes Bertín.
Y tiene razón.
-¡AAAPUNTEN!-
Buen viento.
Dice el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, que a pesar de las acusaciones panistas de guerra sucia desde la sede priista y las oficinas de gobierno, el clima preelectoral es favorable y respaldó la firma de un pacto de civilidad entre partidos políticos.
Sería bueno.
-¡FUEGO!-
Transparentes.
Las declaraciones de Cecila Pérez Zepeda, magistrada del Instituto Nacional Electoral para Querétaro, de que es panista pero eso no afectará sus decisiones, cayó como bomba en algunos sectores.
No es la primera en aceptarlo. Hace unas semanas, el presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano reconoció que hace años militó en el PAN.
Y a pesar de que la ley no lo prohíbe, creo que el tema pasa por otro tema:
El ético.

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Anoche, a las 22:00 horas, se difundió que elementos de fuerzas federales detuvieron en Acapulco, Guerrero, al empresario Amado Yáñez Osuna. Al cierre de esta edición, el también ex dueño de Gallos Blancos declaraba ante el ministerio público de la federación en la SEIDO por presunto lavado de dinero, delitos financieros y fiscales en calidad de presentado.

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