José Vidal Uribe Concha

Desde un ángulo de 90º Actualizada 12/07/2015 a las 08:27    
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Primera parte
En cualquier procedimiento de carácter administrativo y jurisdiccional, se invocan cinco de ciento treinta y seis artículos de la Constitución General de la República, siendo estos: el 1°, que tutela las normas relativas a los derechos humanos, en el que toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; el 14, a ninguna ley se dará efecto retroactivo, las autoridades deben cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento; el 16, la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad; el 17, la administración de justicia por tribunales debe ser expedita, en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; por último, el 133, la Supremacía de leyes, es decir, la Constitución, las normas que expida el Congreso de la Unión y los Tratados Internacionales, son observables a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. Seguramente para otro estudioso del Derecho y en especial del Derecho Constitucional habrá alguno o algunos más artículos que señalar, sin embargo, en lo particular considero que estos son esenciales en una aspiración de tener Justicia Cotidiana.
El título de esta participación, atiende a un ejercicio de consulta que en meses anteriores realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a petición del Titular del Poder Ejecutivo Federal, convocando a Foros de Consulta sobre Justicia Cotidiana, el resultado de estos actos plurales y eminentemente ciudadanos fue de 217 recomendaciones, que servirán de base para elaborar una política pública nacional de acceso a la justicia que permita fortalecer el Estado de Derecho, hacer efectivos los derechos de las personas, y resolver, de forma específica y oportuna, los conflictos propios de la vida actual en sociedad, es decir lo cotidiano.
El fin que busca esta Justicia Cotidiana, va vinculado con la cultura de la denuncia y legalidad, situación que hoy en día no es aceptada totalmente por la sociedad, partiendo de una premisa. Sí denuncio, pero de qué y para qué sirve, si al final no pasa nada, pues los procedimientos son complicados, costosos y prolongados; y qué decir de sentencias con un número de páginas que requieren de un buen tiempo para leer y entender. Posiblemente sea cultural, en alguna ocasión al revisar un Memorándum de un alto ejecutivo de empresa trasnacional, pude observar que la indicación de su Jefe Superior en los Estados Unidos de Norteamérica, era concisa, sin entrada de saludos, ni final de despedida, son formas, que nosotros no lo aceptaríamos tan fácilmente, anécdota marginal.
Nuestro marco jurídico, ha venido sufriendo modificaciones de interpretación, hoy los impartidores de justicia tienden a adoptar esquemas que van más allá de la literalidad de la norma jurídica, es común escuchar los criterios garantistas y en pos de los derechos fundamentales de las personas; esto da un punto de quiebre, a solo ir por una interpretación gramatical establecida en las leyes; debiendo entender que el sentido de la justicia, está encaminado a solucionar los diversos conflictos que se presentan en la cotidianidad, desde simples malos entendidos hasta una controversia administrativa, familiar, fiscal, mercantil, civil o penal.
El Estado de Derecho no debe ser sólo una frase de uso público y mediático, por el contrario, la verdadera esencia será cuando el Derecho cumpla con un fin, poder estar al servicio de manera sencilla sin discriminación alguna, para todos y cada uno de nosotros; es garantizar en las diversas instancias administrativas y jurisdiccionales; que la justicia sea accesible para quien la solicite. Es decir, los ciudadanos debemos confiar en que la aplicación de la ley y las instituciones creadas para dar causalidad a los conflictos son autoridades que tienen el compromiso, en primer lugar de servicio, y en segundo, de dar justicia bajo los principios de igualdad, imparcialidad y equidad. Pues el propio Titular del Ejecutivo Federal reconoció en el evento de presentación de resultados: “Que no obstante su vital importancia la Justicia Cotidiana hoy está rezagada, y en muchos casos rebasada. En la práctica, dijo, suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados”.
La Justicia Cotidiana, implementada mediante un programa de política pública, permitirá que las personas conozcan sus derechos, pero a la vez sepan cómo reivindicarlos, para no perderlos; como toda ciencia, la jurídica tiene su propia terminología, que en ocasiones es difícil de entender, lo que hace necesario que el Estado fortalezca la cultura de la denuncia y de la legalidad, mediante el fortalecimiento de la defensoría pública para generar confianza en la ciudadanía.
En un esquema de análisis social es oportuno diagnosticar si en los efectos de transitar en un régimen democrático, forzosamente se debe voltear a evaluar y sistematizar los indicadores de la impartición de justicia, dándole un matiz que permita advertir si la resolución de los conflictos que llegan a tener las personas es cumplir con el mandato constitucional: que sea pronta, completa e imparcial.
Para la siguiente participación se identificarán en la posible política pública a implementar, conocida como la Justicia Cotidiana; conceptos, propuestas, programas de acción, instancias responsables y temas prioritarios; el posible reconocimiento como una vertiente en la Administración Pública parece ser oportuna en un momento en el cual se busca modificar estereotipos de impartición de justicia en todo el País.

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