Martha Anaya

Alhajero Actualizada 05/04/2016 a las 07:43    
Martha Anaya

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AL PEOR DE LOS ESCENARIOS POR SEGURIDAD NACIONAL

A principios de año, cuando comenzó a notarse una recomposición del poder (hacia el lado duro) del gobierno mexicano en torno al caso Ayotzinapa, Roberto Campa Cifrián manifestó su preocupación por lo que veía venir:
Un rompimiento con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación advertía desde entonces que el peor de los escenarios en el que podría caerse era ese (el de la ruptura) porque todos saldrían perdiendo:
Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pasando por los expertos del GIEI, los familiares de las víctimas, los grupos que les acompañan en la búsqueda y hasta la posibilidad misma de conocer qué fue realmente lo que ocurrió con los normalistas aquella noche del 26-27 de septiembre de 2014.
Y efectivamente, tres meses después, nos encontramos ante ese escenario: el peor.
¿Cómo se llegó a ese punto? La historia está a la vista: Con una feroz campaña de desprestigio hacia los integrantes del GIEI, escondiéndoles información, negándoles entrevistas con los inculpados, haciéndoles la vida difícil en sus pesquisas.
El encono del gobierno mexicano hacia los expertos independientes era atizado no sólo por la posición del propio GIEI –cada vez más distante de la “verdad histórica” del gobierno-, sino también por el alud de críticas de distintos organismos internacionales de Derechos Humanos y en contra de la Tortura que se le vinieron encima.
Tanto que, desde el ala dura del equipo de Peña Nieto se llegó a la conclusión de que estaban en confabulación “intereses extraños” en contra del gobierno del priista –que incluían lo mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a la Comisión contra la Tortura de la ONU- y había que poner un alto a esta situación.
Era cuestión de “seguridad nacional”, adujeron.
Ganó su postura. Los halcones tomaron las riendas de la situación y se aceleró la operación para “contener” aquello que, sospechan, se trata de una “conjura” promovida por grupos interesados en dañar al gobierno mexicano:
-Cerraron la puerta al comisionado contra la Tortura, promovieron (a trasmano) una denuncia en contra del secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, y dieron un albazo al GIEI.
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LA ORDEN LLEGÓ POR MENSAJE AL CELULAR.- Eber Betanzos (por parte de la PGR) y Carlos Beristáin (por el GIEI) acababan de recibir los sobres cerrados con el informe del Grupo Colegiado de Expertos en Fuego sobre el Basurero de Cocula.
La procuradora Arely Gómez estaba presente y chateaba todo cuanto ocurría y se decía en aquella oficina.
-Vamos a dar una declaración a los medios-, propuso el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría.
-No –respondió Beristáin-, vamos a leer primero el informe, revisémoslo y pongámonos de acuerdo en cómo damos a conocer el resultado para no crear falsas expectativas.
-Sólo vamos a decir que no se pudo determinar (si los 43 normalistas fueron incinerados ahí en el basurero) y que se necesitan nuevos estudios-, insistió el de la PGR.
El del GIEI volvió a rechazar a propuesta y comenzaron a bajar las escaleras (ya ellos dos solos: Beristáin y Betanzos). Iban en el descenso cuando Betanzos recibió un mensaje (¿de parte de quién?, no lo sabemos con certeza).
Eber lo leyó y le anunció a Beristáin:
-Vamos a salir (a los medios).
-Es el rompimiento-, respondió el experto independiente.
Quince minutos después, Betanzos presentaba al vocero de los Expertos en Fuego, Ricardo Torres, y éste informaba sus conclusiones.
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GEMAS: Obsequio de Andrés Manuel López Obrador: “Cuando hay un escándalo de corrupción que involucra a EPN, o sea, a diario, mandan al de la SEP a atacarnos. Entiendan, (Aurelio) Nuño da flojera”.

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