Martha Anaya

Alhajero Actualizada 07/04/2016 a las 08:07    
Martha Anaya

Martha Anaya


LA PRENSA Y EL GIEI

El auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia estaba atiborrado. Más de un centenar de periodistas ocupaban el sillerío y otros más se acomodaban en las escalinatas.
Las cámaras apuntaban a la mesa en donde se encontraban, serios y tensos, los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox .
Como habían anunciado, habrían de dar su posicionamiento sobre la difusión –por instancias de la Procuraduría General de la República- del cuarto peritaje sobre el Basurero de Cocula.
Iniciaría así: “Esta es una conferencia de prensa que el GIEI nunca hubiera querido dar…”
Pasarían a la lectura de un severo comunicado en el que la acusación de “irresponsabilidad” sería aplicada a esa “alta instancia del Estado mexicano” que tomó la decisión de dar a conocer un informe preliminar, en el que no hay conclusiones y que no da respuesta a las preguntas fundamentales que se plantearon, como:
-La cantidad de energía que se necesita para la combustión de cuerpos humanos a la intemperie; determinar el mínimo de madera suficiente para sustentar un fuego de suficiente calor para cremar un cuerpo en esas circunstancias; determinar la cantidad adicional de llantas y plástico y otros elementos que pudiera haber en el basurero; validar si una pira como la señalada puede cremar una parte significativa de un cuerpo.
De todo ello, subrayaron, los peritos en fuego no tienen aún respuesta.
Seguirían las preguntas (más de veinte) y respuestas. Prácticamente mitad y mitad de parte de la prensa nacional y de la internacional. Porque valga anotar que había corresponsales de todas partes.
Una de ellas fue para aclarar qué habían querido decir con que ya no colaborarían con la PGR en la materia.
La respuesta fue precisa: Se referían estrictamente al tema del Basurero de Cocula (aunque pidieron a la PGR una reunión con los expertos en fuego para el próximo viernes).
Otra, del lado mexicano, para indagar sobre el dinero que se les ha pagado y cómo lo distribuían:
-El dinero se deposita directamente en la OEA. Los estados financieros son públicos, no tenemos ningún problema con la transparencia.
Del lado internacional –de Inglaterra, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, algunos de los corresponsales que plantearon preguntas- hicieron hincapié de muy distintas maneras sobre “la campaña de desprestigio” que se les lanzó y si esto afectaba su trabajo
Ángela Buitrago fue quien de manera más rotunda respondió:
-Hemos recibido un ataque generalizado con infamias y mentiras. Hemos recibido amenazas y hay, sí, posible riesgos, pero no sólo para el GIEI, (también) para los defensores de los Derechos Humanos en México… Hay quienes están tratando de manipular información con el conocimiento de que es mentira (como la acusación del señor José Antonio Ortega contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza). Al final se mostrará que se actuó con dolo contra el GIEI.
¿Se están curando en salud? ¿Mantienen su posición sobre el basurero de Cocula? Van a continuar su trabajo? ¿Quieren otra prórroga? ¿Se van a ir ya?
Una lluvia de interrogantes. Y las respuestas:
-Nuestra conclusión de que en ese lugar no se pudo quemar a los 43 estudiantes tiene múltiples fundamentos que van más allá de la carga de combustible para incinerar.
-Los objetivos del mandato del Grupo siguen vigentes. La decisión de una prórroga está en la CIDH en consulta con el gobierno mexicano y los peticionarios.
-Nosotros terminaremos nuestro trabajo como lo teníamos contemplado: -Estamos aquí por México, por los mexicanos, por encontrar la verdad sea donde sea y esté donde esté.
-Presentaremos un informe final antes de que termine el mes, de manera de que la investigación pueda seguir y, ojalá, pueda seguir apegada a los estándares internacionales.
Perplejidad, tristeza, desazón. Ese era el ánimo que reflejaban los del GIEI.
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GEMAS: El INE sancionó a David Monreal con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato de Morena al gobierno de Zacatecas por no haber presentado sus informes de gastos de precampañas.

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