La Roja

Amado Yáñez: impunidad con protección gubernamental

Actualizada 22/09/2014 a las 13:18    
.  AGENCIAS

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MÉXICO, DF.- Amado Yáñez Osuna, accionista principal de Oceanografía, y otros directivos de la empresa “conocieron, consintieron, implementaron y/o ejecutaron la conducta dolosa encaminada a proporcionar datos falsos sobre la veracidad e idoneidad de las estimaciones de la obra y la relación de derechos de crédito por cobrar a Banamex”.
Esa declaración consta en la opinión de delito sobre el caso Oceanografía que emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé, ante la Procuraduría Fiscal de la Federación. El documento, del que Proceso tiene copia, está fechado el 29 de abril pasado y no se le ha dado a conocer ni siquiera a la Comisión Investigadora del caso Oceanografía en el Senado de la República.
La CNBV, el organismo regulador de las instituciones financieras, concluye ahí que Banamex sufrió un “quebranto patrimonial” por 455 millones de pesos que “se encuentra inmerso en el registro contable del daño patrimonial por 5 mil 234 millones de pesos, esto a sabiendas de que con dicha falsedad (de los directivos de Oceanografía) se generaría, como en efecto ocurrió, el quebranto patrimonial en cita para adecuarse a la hipótesis típica prevista y sancionada en el artículo 112, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito”.
En efecto, ese punto de la ley prevé sanciones a las personas que proporcionen datos falsos sobre el monto de activos o pasivos para obtener un crédito, si a consecuencia de ello el banco sufre quebranto o perjuicio patrimonial.
Además, según el artículo 194, fracción VII, del Código Federal de Procedimientos Penales, ese delito es considerado grave cuando el monto del quebranto supere “350 mil días de salario mínimo, en cuyo caso la pena será de 8 a 15 años de prisión y una multa de 250 a 350 mil días de salario mínimo”.
A pesar de esta contundente opinión del delito elaborada por José Alfredo Solórzano Zavala, director general de Delitos y Sanciones de la CNBV, el 29 de abril pasado el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, consignó a Amado Yáñez por un delito menos grave que el previsto en la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, alegando que “es difícil hablar de un fraude a Banamex” porque hubo “consentimiento del banco”.
En su comparecencia ante el Senado y en conferencia de prensa, Murillo Karam alegó que existe una cláusula del contrato regulador celebrado entre Oceanografía y Banamex, en la que esta institución se deslindó de la obligación de verificar la autenticidad de los derechos de cobro cedidos.
Con esta cláusula, la PGR reviró a los abogados de Banamex que no había manera de que prosperara la acusación contra Amado Yáñez, el contratista consentido de Pemex Exploración y Perforación (PEP) durante el sexenio Calderonista.
En un giro legal, la PGR acusó a Yáñez de otro delito previsto en la fracción V del artículo 112 de la misma Ley de Instituciones de Crédito: de un supuesto desvío de recursos recibidos del banco. Y unos días después, en mayo pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/65/2014 contra Yáñez por presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada y el lavado de dinero.
Falsificación acreditada
En la misma opinión del delito de la CNBV, expuesta en más de 60 cuartillas, el organismo regulador hace un extenso estudio del caso, cita el contrato entre Banamex y Oceanografía y no advierte ninguna ilegalidad en esa u otra parte del documento. Sobre todo, acredita la mecánica para la falsificación de documentos que involucraron a Pemex en el fraude.
En el punto 5.1 del texto, la CNBV afirma que Oceanografía (OSA) y Banamex “celebraron un contrato maestro denominado Contrato Regulador, firmado el 21 de septiembre de 2012 en el que se establece, entre otros aspectos:
“a) El marco general para la operación de los descuentos celebrados entre ambas partes, y para todos los contratos de cesión de derechos de cobro que deriven de dichas operaciones.
“b) El objeto del mismo, el cual es el reconocimiento y la aceptación de las cesiones de derechos de cobro entre las partes, la prestación de diversos servicios financieros, y la entrega a OSA, en su caso, de remanentes derivados de la diferencia que exista entre las cantidades que pague PEP a Banamex por los derechos de cobro, menos las cantidades necesarias para pagar diversas obligaciones financieras a cargo de OSA”.
La CNBV describe claramente el mecanismo que involucra la “anuencia” o involucramiento de PEP en la trama de los millonarios contratos de Oceanografía:
5.2 Asimismo, y de acuerdo al esquema de implementación antes descrito, se tiene un contrato PEP, que deriva de una licitación pública ganada por OSA.
5.3 Por consiguiente, por cada contrato PEP se tiene la anuencia de PEP para realizar la cesión de derechos de cobro provenientes de dicho contrato.
5.4 A partir de lo anterior, OSA y Banamex celebran un contrato de cesión de derechos por cada contrato de licitación ganados por OSA.
5.5 Por último, se tiene la notificación notariada a PEP de que se realizó la cesión de derechos de cobro correspondientes al contrato PEP.
Adicionalmente, el análisis de la CNBV identifica 11 “estimaciones de obra apócrifas” que Oceanografía utilizó para ejercer “la línea de crédito multimencionada, es decir, la indebida introducción de dichos documentos por parte de OSA y la recepción y operación de los mismos por los funcionarios, empleados o representantes que actuaron a nombre o por cuenta de Banamex, al omitir dolosamente cumplir con los controles establecidos en la Guía de Operación para autorizar y/o realizar este tipo de operaciones de cesión de cuentas por cobrar por los montos millonarios que estaba operando OSA”.
La comisión cita al apoderado legal de PEP, Alejandro Trejo Sepúlveda, quien el 5 de marzo de 2014 expuso la existencia de 11 “estimaciones de obra que no formaban parte de los archivos ni registros de PEP, por lo que éstas fueron desconocidas por dicho organismo
descentralizado”.
Las 11 estimaciones de obra apócrifas se elaboraron en 2013 y 2014. Todas fueron firmadas por Amado Yáñez, por parte de OSA, y por parte de Pemex los siguientes funcionarios: Javier Bello Sánchez, Juan Ángel González Medina, Alvin Burelo Valenzuela, Carlos Tovar Santos, Mariela Suárez Gómez y Fabián de Jesús Carvajal Torres.
El monto involucrado es mayor a 450 millones de pesos. Una de tales estimaciones se firmó el 21 de enero de 2014, un día después de que el Órgano Interno de Control de PEP hiciera pública una investigación de diversos contratos con Oceanografía realizados entre 2010 y 2012. Carlos Morales Gil, involucrado en la mayoría de esos contratos, renunció a la dirección de PEP el 7 de febrero de 2014.
En su opinión de delito, la CNBV advierte sobre estas 11 obras:
“Las estimaciones antes descritas fueron operadas por OSA con conocimiento de que las mismas eran apócrifas, lo que se confirma con los escritos presentados por Pemex PEP con fechas 5 y 28 de marzo del presente año dentro de la averiguación previa precitada, donde se revelan dichas estimaciones como inexistentes o alteradas, lo que las descalificaba como idóneas para ser cedidas a Banamex”.
En el punto 2 de sus conclusiones, la CNBV también acreditó que nueve funcionarios de Banamex reúnen los “requisitos constitutivos del delito previsto en el artículo 112, fracción III de la Ley de Instituciones de Crédito”, ya que “conocieron, consintieron e implementaron la conducta dolosa encaminada a autorizar o realizar operaciones a sabiendas de que éstas resultaron en quebranto al patrimonio de la Institución (Banamex)” por 455 millones 281 mil pesos.
Estos funcionarios son Emilio Granja Gout (director de Banca Corporativa), Alfonso Ortega Brehm (director Trade), Juan Pablo Añorve Borquez (subdirector de Banca Corporativa), Erik Cervantes Murillo (analista de negocios), Vanesa Maricela Ramírez Segura (Product Manager), Sergio Torres Lebrija (Channel Finance Head), Guillermo Pérez Elizundia (Channel Financie Product Head); José Ángel Castillo Guerrero (Transactions SVS), Ricardo García Salgado (Transactions Svs) y Angélica Ruiz Martínez (Transactions).
El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, ha guardado silencio sobre ese documento. En su comparecencia ante el Senado, en abril pasado, afirmó que se trataba de “secreto bancario” y señaló que toda la información se había turnado a la PGR.
Cuando la senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la comisión especial sobre el caso Oceanografía, le solicitó un “informe de las acciones y resultados obtenidos” por la CNBV en su investigación, González Aguadé le respondió en mayo pasado con el oficio PO30/2014, de cuartilla y media, que “en los próximos días se está enviando a Banamex el oficio de observaciones correspondientes para que en uso de su garantía de audiencia manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de las irregularidades detectadas”.
La “oferta hostil”
La trama jurídica para “proteger” a Amado Yáñez de pisar la cárcel por un delito grave tiene relación con “la maniobra de Emilio Lozoya, director de Pemex, para debilitarlo y obligarlo a vender Oceanografía a un grupo empresarial ligado al Grupo
Atlacomulco”, declaran a Proceso fuentes cercanas a la investigación del caso y que se reservaron su identidad.
Explican que la relación de dependencia entre Oceanografía y PEP representa “un esquema perfecto para obtener millonarias ganancias, y el proyecto de apertura del sector petrolero a empresas privadas generará un momento idóneo para hacerse de la naviera de Yáñez”.
Por su relación con el extenista Oliver Fernández, en algún momento se filtró en la prensa que empresarios del Grupo Pastejé, Carlos Peralta Quintero y Jaime Camil Garza podrían comprar Oceanografía. Las pláticas no llegaron a mucho. Camil Garza ya tenía abierto otro frente conflictivo con Pemex por el caso Siemens.
En El Financiero, Raymundo Riva Palacio reveló que en 2013 el Grupo Hermes, encabezado por Carlos Hank Rohn, se acercó a Amado Yáñez y le presentó una oferta por cuando menos la mitad de las acciones de Oceanografía.
Según la versión publicada por Riva Palacio -nunca desmentida- las negociaciones del Grupo Hermes con Yáñez más bien fueron hostiles, ya que lo habría conminado: “Si no firmas, atente a las consecuencias. Urge que firmes ya, que firmes hoy” (Oceanografía, la caja de sorpresas, El Financiero, 5 de agosto 2014).
Riva Palacio apuntó que “su entonces abogado, Ulrich Richter, le recomendó (a Yáñez) no firmarlo, porque si perdía el control de la empresa tenía que informar a los acreedores previamente, porque de otra forma cometería un fraude”. La propuesta coincidió con la auditoría que Pemex realizaba a 34 contratos vigentes de Oceanografía.
El tercer intento de comprar la naviera fue público e involucró a la familia de Miguel Alemán, que finalmente desistió.
La PGR optó por solicitar el concurso mercantil de Oceanografía ante el juez tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, el mismo del caso Mexicana. El juez exigió a PEP que todos los pagos entraran a las cuentas de Oceanografía y no a las de Banamex.
A través de sus abogados, Banamex protestó y presentó una demanda de amparo. Semanas después, el mismo juez tercero anuló la inhabilitación de Oceanografía impuesta por la Secretaría de la Función Pública y ordenó que se restituyera a Oceanografía el dinero pagado por la sanción administrativa que la dependencia le impuso el 11 de febrero de 2014.
Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil revocó el 10 de septiembre pasado la decisión del juez Consuelo Soto, de que todos los pagos que realizara Pemex a Oceanografía fueran entregados al Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SAE), que administra actualmente la empresa.
Esa decisión benefició a Banorte, el primer banco afectado por el fraude de Oceanografía, que reclama el pago de más de 20 millones de pesos, pero debe depositar en garantía 5 millones ante los posibles daños que le pudiera causar la empresa de Yáñez.
En tanto, la PGR solicitó a principios de septiembre al gobierno de Estados Unidos la extradición de Martín Díaz Álvarez, el segundo accionista de Oceanografía e identificado como uno de los “gestores” de Banamex.
Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, ingresó en 2005 a Oceanografía por recomendación del extenista Oliver Fernández, ligado al empresario Jaime Camil Garza y a Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente Zedillo Ponce de León. APRO

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