La Roja

Hasta 16 años de cárcel por integrar a migrantes al narco

Diputados reformaron la Ley de Migración para establecer penas de ocho a 16 años de prisión a quien obligue a extranjeros a formar parte de delincuencia organizada

MILENIO Actualizada 22/10/2014 a las 17:41    
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La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley de Migración para establecer penas de ocho a 16 años de prisión y multas de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo, a quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada.

Además, se aumentará hasta en una mitad las penas previstas cuando se cometa explotación hacia extranjeros, de conformidad con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

El documento, aprobado por 351 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, surge de una iniciativa presentada el 27 de febrero de 2014 por el diputado Isaías Cortés Berumen (PAN), reforma el artículo 160 y adiciona el 159 Bis a la Ley de Migración y se turna al Senado para su análisis y eventual ratificación.

En las consideraciones se expone que los migrantes son un mercado fructífero para los grupos criminales en México, quedando expuestos a amenazas y secuestros por parte de la delincuencia organizada, para ser sometidos a la explotación o utilizados en actividades delictivas.

“Es por ello que resulta necesario regular las acciones que se están cometiendo en perjuicio de los extranjeros y que las autoridades hagan los trabajos necesarios para hacer cumplir las leyes, así poder dar resultados y soluciones a las desapariciones de inmigrantes”, señala el documento.

El dictamen destaca que la reforma tiene como objeto vincular la Ley de Migración con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, en materia de explotación y sometimiento a la delincuencia organizada hacia los migrantes.

Lo anterior, a fin de que sean tipificados como delitos en materia migratoria y, de esta manera, “llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos humanos y obtener la reciprocidad que deseamos sea aplicada en beneficio de nuestros migrantes”.

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