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CONGRESO DEL ESTADO

Avalan ley contra pendientes

Actualizada 15/03/2016 a las 09:15    
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Los integrantes del Pleno aprobaron la reforma al Artículo 172 para que la propia Legislatura cuente con un registro de antigüedad laboral.  ESPECIAL

Los integrantes del Pleno aprobaron la reforma al Artículo 172 para que la propia Legislatura cuente con un registro de antigüedad laboral. ESPECIAL

Aprobó la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LVIII diversas reformas al articulado de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entre ellas el tratamiento que se dará a “los asuntos inconclusos” al término de cada administración
Con esta modificación se busca que las Legislaturas analicen los diversos te,as para determinar cuáles se asignarán para el estudio de sus sucesores en el Pleno y cuáles se darían de baja.
También se contempla una reforma al Artículo 44 se refiere a los mecanismos para turnar las iniciativas, ya que se darán a conocer a los integrantes de la Legislatura de manera electrónica, a fin de hacer más ágil y eficiente el proceso de comunicación, el análisis de las mismas y disminuir en lo posible el uso de recursos materiales.
Transparencia garantizada
La propuesta fue desrrollada por legisladores como María del Carmen Zúñiga Hernández (PAN), Carlos Manuel Vega de la Isla (PRI), Daesy Alvorada Hinojosa Rosas (PAN) y Ayde Espinoza González (PAN), quienes además crearon un Comité de Transparencia de la Legislatura.
En un oficio se establece que el secretario técnico de ese órgano será el titular de la Unidad de Información Gubernamental y la función del comité será la de vigilar, instruir y coordinar las acciones y procedimientos para la difusión proactiva y actualizada de la información de interés público.
Retiro de funcionarios
Para el tema de las pensiones o jubilaciones de trabajadores del estado, se añadió el Artículo 73, a fin de especificar que las solicitudes sean presentadas en los términos de la ley de la materia.
También se hicieron modificaciones para que cuando exista alguna duda en el expediente del solicitante, se le regresará a la dependencia correspondiente para aclarar las dudas del mismo.
Se indica que en el caso de que el ente público no haya dado cumplimiento al requerimiento formulado dentro de plazo establecido de 30 días, se tendrá por desechada la solicitud del trabajador para que formule un nuevo trámite ante el titular de la Oficialía Mayor de la dependencia.
Émbate de izquierda
En ese entendido, el diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia (PRD), presente en esta reunión de trabajo, consideró que las reformas a este artículo, señala que la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado o de las entidades correspondientes son quienes determinarán qué trabajadores se podrán jubilar o no
Eso se traducirá a la hora de ingresar al Poder Legislativo la documentación correspondiente, lo cual considera, le quita facultades a la Legislatura para analizar los expedientes.
Lázaro Sánchez Tampia manifestó entonces que simplemente sería un trámite, en donde las pensiones y jubilaciones que ingresen son evidentes; ya que no se podrían solicitar las investigaciones de los casos en los que así se requiera.

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