México

Los verdes europeos proponen a La Haya investigue crímenes de Ayotzinapa

APRO Actualizada 21/10/2014 a las 20:19    
Exigen en Tixtla la aparición de los normalistas de Ayotzinapa.  PROCESO

Exigen en Tixtla la aparición de los normalistas de Ayotzinapa. PROCESO

El grupo de los verdes del Parlamento Europeo (PVE) solicitó a la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) que analice los hechos de violencia ocurridos en México y que abra una investigación al respecto si acredita que se trata de crímenes de lesa humanidad.

“(El grupo del PVE) llama a la oficina del fiscal de la CPI a poner una particular atención a las masacres y desapariciones forzadas cometidas en México y, en caso de considerar que recaen dentro de su jurisdicción, solicita a la oficina del fiscal abrir una investigación sobre esos crímenes”, señala su propuesta de resolución sobre violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en México que será discutida mañana miércoles 22 junto con cinco más presentadas por otros grupos políticos del Parlamento Europeo.

La resolución resultante de esas negociaciones entre grupos políticos, que no es vinculante, será votada por todos los eurodiputados el jueves 23, tras el debate sobre la situación en México que con carácter de “urgente” se llevará a cabo en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, convocado la semana pasada a raíz de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre.

La resolución de los verdes europeos también exige a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) “suspender o detener cualquier negociación de acuerdos en materia de seguridad” con México, y abstenerse de efectuar cualquier transferencia de armamento, “hasta que no sea restablecido el Estado de derecho en todo el territorio y que el crimen organizado no esté bajo control y desmantelado”.

El mismo documento señala que el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE –actualmente en negociación entre las partes– “debe ser postergado”, además de que “deben ser revisados sus capítulos y objetivos” y sellar “todas las fisuras” que pueda aprovechar el crimen organizado en materia de servicios financieros o en reglas comerciales.

Por su parte, la propuesta de resolución que presentó el grupo de Izquierda Unitaria Europea/Verdes Nórdicos también apoya la intervención de la CPI y la apertura de una investigación sobre los hechos de violencia en México.

Asimismo, exige a la Comisión Europea que abra “un verdadero diálogo sobre derechos humanos” con el país y que rinda cuentas al Parlamento Europeo de sus avances una vez al año.

Otras cuatro propuestas de resolución fueron emitidas por los dos grupos mayoritarios: el del Partido Popular Europeo (PPE) y el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (AS&D), que juntos reúnen 55% de los eurodiputados, y los grupos de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Todos ellas coinciden en su apoyo al gobierno de Enrique Peña Nieto y en celebrar acciones para esclarecer los hechos de Ayotzinapa, además de no contemplar ninguna sanción o condición al mantenimiento actual de las relaciones.

El grupo socialista expresa en su propuesta de resolución que “la violencia ligada al crimen organizado permanece como una tema de preocupación”, aunque luego sostiene que “el gobierno mexicano ha realizado importantes avances en democracia y derechos humanos y ha demostrado su firme compromiso con el mejoramiento de la seguridad en el país”, por lo que solicita a la UE que continúe con sus programas de cooperación en derechos humanos y que aumente sus recursos financieros y técnicos para ello.

En otras partes de su documento, el grupo socialista del Parlamento Europeo aplaude “el fuerte compromiso del presidente Peña Nieto y de las autoridades federales para asumir la absoluta responsabilidad de las investigaciones” (punto 2), “apoya al gobierno mexicano en su determinación para combatir el tráfico de drogas” (punto 5) y le pide que investigue la “supuesta” infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales (punto 6).

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